Suplantar la identidad con un clic.

Si hablamos de 'pishing', 'pharming' o 'botnets', puede que no le resulten familiares estos conceptos. Pero si mencionamos casos de correos electrónicos de una reconocida entidad bancaria solicitando nuestras contraseñas o una llamada de un supuesto servicio técnico que pide que instalemos un programa para eliminar un virus; puede que le suene algo más.

Se trata de algunas de las tácticas que usan los estafadores para robar en la era de la informaciónprecisamente eso, información. Datos bancarios, personales y sensibles circulan a diario por Internet, un espacio virtual en el que se cometen delitos reales.

Una sanción administrativa notificada en un Boletín Oficial recoge nombre y DNI. Si además nuestros datos aparecen en las nuevas "guías blancas" digitales, con consultar un nombre junto a los dos apellidos -haciendo uso de las comillas-, nuestra dirección y teléfono también pueden estar disponibles a golpe de buscador. Con todo ello, existe material suficiente para contratar servicios o cometer delitos en nuestro nombre.

En los últimos años, las estafas por este medio, que afectan tanto a individuos como a empresas, están ganando terreno gracias a la pericia de los cacos y a nuestra creciente exposición a la red. Un hecho nada ajeno a las asesorías jurídicas que se están adaptando a estos crecientes delitos a través de las tecnologías de información y comunicación (TIC).

Vivimos adaptados a Internet. Las premisas de movilidad y conectividad, más allá de los gurús del universo 'on line', son una realidad. Por primera vez en España, son más los que acceden a la red sin utilizar un ordenador, según la última encuesta sobre el uso de las TIC publicada el pasado jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las nuevas problemáticas están ya recogidas en el Código Civil o el Penal, recuerda Miriam García. En la mayoría de los casos, si es necesario ocultar datos que no deban estar visibles en Internet, se recurre a la desindexación (la solicitud al motor de búsqueda de no mostrar en los resultados unos datos determinados) o al amparo de la Agencia Española de Protección de Datos.

A mayor presencia en Internet de individuos y administraciones, son necesarias mayores cautelas. Controlar nuestra información en la mayor base de datos del mundo es lo que recomienda la asesora jurídica especializada en delitos TIC.

La práctica periódica de egosurfing -un rastreo de nuestros datos personales en Internet-, otorgar mayor privacidad a lo que publicamos en las redes sociales o usar el servicio de alertas de Google para supervisar nuestra presencia en la red, son algunos consejos.

A la "barra libre" de datos personales se añade el malware, códigos malintencionados que se instalan sin la autorización del usuario para robar información. El 59,8% de los equipos tiene alguno de estos programas, según un estudio del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Red.es (ONTSI). De las personas afectadas, el 53,7% ha sufrido alguna situación de fraude.

Todos los días se cometen delitos en Whatsapp

La norma que rige a la hora de evitar problemas en el mundo virtual, como en la vida offline, el sentido común. Insultar y amenazar en Twitter puede tener consecuencias jurídicas. La creación de perfiles falsos para difamar a una persona también es perseguida, como el caso de dos universitarios segovianos arrestados tras suplantar e insultar en esta red social a una concejala popular de Valladolid con Síndrome de Down.

La mensajería instantánea, como Whatsapp, crea una sensación de falsa impunidad. "Se cometen delitos todos los días allí" afirma la abogada, en relación por ejemplo, con la difusión de imágenes en estos servicios o en redes como Facebook y Twitter.

Por su parte, el 92% de los menores utiliza Internet, según el INE, algo que unido a la amplia disposición de móviles a partir de los 13 años y su presencia en redes sociales, los convierte en especialmente vulnerables.

Enviar fotografías sin conocer su autoría puede provocar algunos problemas, ya sea por infringir la propiedad intelectual, atentar contra la intimidad y el honor de las personas o compartir fotografías de menores sin la autorización de sus padres-sin llegar al extremo de la pornografía infantil-.

(Fuente: El Mundo)