El comandante de la Agrupación de Tráfico de Cantabria, que instruía un expediente a un guardia de Langreo, ordenó publicar un edicto en el Ayuntamiento de la localidad por el que se notificaba una sanción de empleo y sueldo contra éste, sin tener en cuenta que el régimen disciplinario que atañe a los miembros de este cuerpo es muy diferente al de los funcionarios. En la notificación podía leerse no sólo la identidad del agente, sino su dirección y otros datos relevantes, como la sanción impuesta (cinco días de suspensión de empleo y sueldo).
La notificación tendría que haberse entregado en mano al agente en la unidad de Tráfico en la que servía. En aquel momento, el agente se encontraba en el Hospital Central junto a su madre, que estaba en estado preagónico (de hecho, murió a los pocos días). La Guardia Civil adujo "mala fe" y "falta de diligencia" del agente a la hora de recibir la notificación. En vez de enviar un fax o un correo electrónico, o comunicar al agente que la resolución sancionadora estaba en el panel de anuncios, se optó por publicar la comunicación en el panel de anuncios del Ayuntamiento de Langreo, con el consiguiente riesgo para la seguridad del propio agente de Tráfico, que fue defendido por el abogado Luis Zaragoza.
La Agrupación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha calificado lo ocurrido al agente como "un claro caso de mobbing". Esta asociación indicó en su día que el agente fue represaliado por uno de sus mandos ante la sospecha de que él hubiese facilitado a AUGC unas fotos en las que se veía a un suboficial disfrutando de una costillada, cuando tendría que estar patrullando.
(Fuente: La Nueva España)
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