Datos de la declaración de la renta, notificaciones de expulsión, nombres, teléfonos, enfermedades... Son parte de la información del alumnado del instituto Blanco Amor que ayer se toparon dos vecinas de Culleredo por toda la avenida de Acea da Ma.
Rosa Pérez estaba paseando a sus perros cuando se percató de que varios de estos expedientes se encontraban en el suelo; recogió algunos de ellos y llamó a Patricia Campos. Entonces, ambas recorrieron la avenida recolectando estos papeles.
“Nos encontramos con un coche de la Guardia Civil y les dijimos lo que pasaba y les entregamos un primer tocho”, explica Campos. “Estaba toda la información: datos de la renta, nombres, profesiones de los padres, número de teléfonos, incluso datos de los profesores de cuándo salían y cuando entraban si se ausentaban del trabajo y por qué motivo”, exclama.
A medida que continuaron con su paseo, reunieron un nuevo montón de papeles que llevaron hasta la Policía Local, quien les remitió a la Guardia Civil. “Les entregamos los papeles y presentamos una denuncia. Seguramente, el lunes vamos a poner la situación en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos”, afirma.
Desde el instituto Blanco Amor aseguran que los papeles en cuestión pertenecen a las tutorías. Según indicó ayer su directora, los tutores estaban estos días revisando la documentación para cribar lo que había que tirar y lo que no. Como elucubra, “alguien la debió de sustraer” del instituto, para después “esparcirla fuera del centro”. Un hecho, afirma la directora, que ya ha denunciado en la Policía Local.
Tanto Campos como Pérez son profesoras y hacen hincapié en la gravedad del suceso. Al hecho en sí de desperdigar los datos personales de menores, indican que es obligatorio destruir esa documentación antes de deshacerse de ella.
Pero aún hay más: “Había papeles fechados por registro de 2013 y de marzo de 2014, cuando no se pueden destruir antes de cinco años. Imagínate que un padre quiere recurrir la expulsión de su hijo, esa documentación ya no está”.
Hasta o Burgo
“A mí no me gustaría que los datos de mis hijos apareciesen en cualquier lado”, expone Campos, y por eso decidió denunciar lo ocurrido, “como debería hacer cualquier ciudadano”, al considerar que el centro “se ha saltado a la torera la ley”.
A pesar de que entre las dos vecinas recogieron un buen número de expedientes –“por lo menos para llenar dos archivadores de A-Z”, destacan– la cantidad que todavía puede haber dispersados por el entorno. “En el maizal que hay cerca de Villa Lucinda había dos grapados que no pudimos coger y aún recogí en O Burgo otros tres expedientes”, aseguran.
Fuente: El Ideal Gallego)
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